Documento sin título ¿Hacia dónde va la ciencia en Argentina?

Reflexiones sobre el papel de la ciencia en la construcción del país.

Por Diego Hurtado de Mendoza

Los posibles horizontes de la ciencia argentina actualmente dependen de las decisiones tomadas por las universidades, las instituciones públicas, el INTI, el INTA, la CONAE, el CITEFA, el sector vinculado a la salud, en relación a la vinculación entre la producción de conocimientos y un concepto de “utilidad” o concepto social y económicamente relevante. Esto implica, en otros términos, resolver el vínculo entre el sector público y el sector productivo, la industria, el agro, los recursos naturales.

El gran desafío es cómo hacer para que la producción de conocimiento logre insertarse en el complejo del desarrollo económico y social, cómo hacer para que la ciencia se vincule al sector productivo. Es decir, lograr que la producción del conocimiento no sea un mero hecho cultural y redunde de alguna manera en el cambio del perfil productivo agroexportador de este país , característica que hoy pone a Argentina ante una seria dificultad a la hora de intentar alcanzar el umbral de país emergente.

El problema de las políticas públicas para la ciencia y la tecnología comienza para los países avanzados, en la posguerra a fines de la década de los 40 y comienzos de la de los 50.

Recorriendo el proceso científico y tecnológico de nuestro país a la manera de “fotografías” desde la década del 50 hasta el presente, destacamos:

La década del 50 implicó la cristalización del sistema científico argentino. Se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica en el año 50, la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, antecedente del CONICET en el año 51, en el 52, el Instituto Antártico Argentino (que vincula la investigación científica a los problemas de la soberanía), en el año 54 se crea el Centro de Investigaciones Tecnológicas para las Fuerzas Armadas, en el 56 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el 57 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial , en el 58 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y en el 60 la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Es casi un país de los sueños, por lo menos en los papeles. En este sentido, Argentina viene siguiendo el paso de los países avanzados.

Desde sus inicios, la mayor parte de las instituciones ligadas al conocimiento científico, están separadas de las Universidades, excepto el CONICET (creado precisamente para apoyar la investigación científicas en las universidades). Investigadores y otros actores del sistema científico argentino en ese momento lamentaban que se otorgara un presupuesto abundante a instituciones no universitarias relacionadas a la ciencia y a la tecnología cuando el verdadero “semillero” de investigadores estaba en las Universidades. Enrique Gaviola, quien impulsó la creación del IMAF y fue Director del Observatorio Astronómico de Córdoba, en el año 56, decía que había que cerrar la Comisión Nacional de Energía Atómica ya que ésta iba a absorber el “jugo vital” de la física experimental realizada en las universidades. Afirmaba que los países pobres no podían darse el lujo de separar la investigación de las universidades.

La década de los 60, representa para el país la edad de oro de la ciencia y la tecnología en Argentina. Florecen nuevos grupos de investigación, se destacan numerosas instituciones, se construye la primera computadora de América Latina, la CONEA desarrolla reactores de investigación, entre otras tantas singularidades.

No obstante, más allá de estos hitos, los años 60, como también los 70, han contenido ciclos de dictaduras que perjudicaron al sistema científico. El diseño institucional –como ocurre en todos los países posautoritarios- ha sido muy complejo en Argentina, en el sentido de tener que construir instituciones innovadoras a partir de un pasado desprestigiado, cuando en realidad la única fuente para poder innovar es el propio pasado

Los años 80, marcados por el retorno de la democracia, intentan recuperar el sistema científico y tecnológico, y en él la universidad pública de los años 60, lo que implica recuperar dinámicas democráticas y superar lentamente el autoritarismo que, obviamente, está presente en hábitos de las instituciones y de sus actores. En estos años se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología –SECyT- con Manuel Sadosky al frente.

Revisando esta década, es importante considerar qué estaba pasando a nivel internacional. A comienzos de los años 80, Estados Unidos inició una reformulación drástica de su política científica y tecnológica, motivada por la detección de la pérdida de liderazgo, después de la crisis del petróleo y en el contexto de su competencia con Japón. En el gobierno de Carter, en transición al gobierno de Reagan y luego casi enteramente en el gobierno de éste último, la reformulación de la política científica y tecnológica enfatiza la importancia de las innovaciones para el estímulo y el crecimiento económico y la necesidad de fortalecer el compromiso de la comunidad científica en la producción de tecnología militar. Se plantea, también, la reducción del impacto del control social a la que está sometida la ciencia en Estados Unidos.

Varios instrumentos claves fueron puestos en práctica en los EEUU. en los 80. Algunos de ellos apuntaron a facilitar la transferencia de tecnología y la cooperación entre laboratorios públicos y las universidades con las empresas pequeñas y medianas. Asimismo, se otorgó a las universidades y a los centros de investigación la posibilidad de recibir derechos de patentes, a partir de trabajos de investigación realizados con fondos federales. En estos años la Corte Suprema de los EEUU otorgó la primera patente sobre un organismo vivo relacionada al desarrollo y difusión de aplicación de ADN recombinante.
Este hecho ayudó al inicio de la industria biotecnológica en Estados Unidos. A principios de los 80 hay más de 140 pequeñas industrias de biotecnología que nacieron como spin off de las universidades norteamericanas. Cada biotecnólogo de renombre estaba asociado a alguna empresa para realizar desarrollos y patentes.

A las medidas mencionadas se agrega la revisión de la legislación antimonopolios en la dirección de justificar prácticas monopólicas, con el argumento de ganar competitividad en el mercado internacional. Es este el momento en el que inicia el proceso de privatización de la ciencia.

En los 90 en Argentina hay un intento claro de ajustar nuestra legislación y tratar de orientar la ideología, las creencias y la manera de pensar la ciencia de la comunidad científica hacia estos valores. Se sanciona la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con el objetivo de impulsar la conexión entre las actividades productivas y comerciales con los laboratorios públicos de Innovación y Desarrollo. Se pone el foco en el empresario innovador y se crea la figura de Unidad de Vinculación Tecnológica, como catalizadora para vincular empresas y centros e investigación públicos. Se reforma también la legislación de propiedad intelectual. Con respecto asta última, ¿nos estábamos preparando para proteger nuestra legislación para promover la patente como manera de proteger nuestra Propiedad Intelectual, o bien, respondiendo a presiones internacionales, ¿nos estábamos preparando para legislar sobre el pago a empresas transnacionales? En realidad, al modificar la legislación de patentes se estaba respondiendo a presiones internacionales

La creación de la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, en el año 96, generó conflictos y expuso ideologías y posturas diferentes entre los actores del sistema científico. Algunos de ellos denunciaban la acentuada orientación a la ciencia aplicada: “se nos quiere transformar en fabricantes de broches y mangueras”, decían, y aseguraban también que con la creación de la Agencia se tenía intención de cancelar el CONICET. Por otra parte, muchos sostenían enfáticamente que la investigación científica que se producía desde el sector público no “movía la aguja” del desarrollo económico y social de la Argentina.

En estas posturas críticas estaban en juego ideologías diferentes. La Agencia basaba su lógica de financiamiento en la promoción y vinculación con el medio productivo y social. El CONICET defendía la tradición de investigación de ciencia básica y de la libertad de investigación de las universidades públicas.

Actualmente ambos organismos conviven, aunque la relación de la Agencia y el CONICET sigue siendo tensa, cada uno ejerce su propio rol. No obstante, podemos ver el esfuerzo del CONICET en esta tendencia a adaptarse y buscar utilidad en la producción de conocimientos, en fomentar patentes y en promover la carrera del tecnólogo, aunque a la hora de evaluar siga contando papers.

En el año 2007 la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología se puede pensar como el cierre de una maduración institucional que se inicia con la SECYT, la ANPCyT A y el CONICET, un intento de tener una única cabeza y poner a la producción de conocimiento en la primera línea de la política nacional ; esto puede ser un mero hecho simbólico, retórico o real. Y eso todavía está por definirse.

 

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